Denuncian a 80 Profesores por Delitos Sexuales:
* Dos maestros y un trabajador administrativo se encuentran en prisión por violación.* Han sido sancionados 173 trabajadores de la educación en lo que va de 2006.
La imagen de los maestros -al igual que la de muchos empleados públicos- está devaluada. A los problemas de capacitación y aptitud que arrastran nuestros docentes se suman otros más graves, como los actos de corrupción, de abuso de autoridad y hasta acusaciones por delitos sexuales.
En lo que va del año, la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER) -órgano dependiente del Ministerio de Educación- ha recibido 80 acusaciones contra profesores que laboran en colegios de la capital que, haciendo uso de sus cargos, han violado o tocado indebidamente a sus alumnos.
Y, aunque el propio viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Víctor Díaz, prometió ayer sanciones drásticas para los que cometan faltas, la situación es preocupante. En 2005, año de creación de la CADER, se registraron 11,124 denuncias contra educadores y personal administrativo de planteles de Lima. La mayoría fue por corrupción.
Sin embargo, los delitos contra la libertad sexual no fueron pocos. Ese mismo año hubo 147 acusaciones por acoso y violación, las que ocasionaron que 20 trabajadores de la educación fueran expulsados de su trabajo. También se sancionó a 820 empleados del sector por diversas faltas.
SANCIONADOS. La CADER asegura que este año las denuncias han disminuido en comparación con el año pasado: de enero a agosto han ingresado 4,736 reclamos en Lima, de los cuales 2,181 han sido resueltos. De este grupo, 2,071 de las acusaciones fueron por corrupción. Además, de las 80 denuncias recibidas por delitos sexuales, se encontró que cinco profesores fueron responsables de violación sexual y 62, de tocamientos indebidos.
De los 443 trabajadores a quienes se les abrió proceso este año, fueron castigados 103 docentes, 40 directores y 33 administrativos. Las sanciones administrativas que se les imponen a los infractores van desde una llamada de atención y una suspensión temporal sin goce de haber hasta la expulsión. Paralelamente, el denunciante puede iniciar acciones judiciales.
A la fecha, tres trabajadores del sector -dos profesores y un administrativo- han ido a parar al penal de Lurigancho. Fueron descubiertos cobrando coimas a padres de familia y a profesores. Ellos fueron sentenciados por los delitos de corrupción de funcionarios y cohecho pasivo propio, cuya pena mínima es de seis años de cárcel.
OBSTÁCULOS. Pese a los esfuerzos que realiza la CADER por descubrir a los trabajadores que cometen faltas, muchas veces su trabajo se encuentra con obstáculos que dejan impunes las irregularidades.
Por ejemplo, una vez que dicha instancia prueba el delito, envía el caso a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a la que pertenece el infractor, con una recomendación de sanción.
La UGEL nombra una comisión, integrada por dos docentes y por dos empleados administrativos, que será la encargada de imponer la penalidad. Entonces ocurre que algunos educadores se niegan a castigar severamente a sus colegas y solo imponen correctivos leves y, en otros casos, dilatan los procesos por tiempo indefinido.
Fuente: Perú 21
San Martín de Porres, 22 de septiembre de 2006.
Oficina de Prensa y Comunicaciones
La imagen de los maestros -al igual que la de muchos empleados públicos- está devaluada. A los problemas de capacitación y aptitud que arrastran nuestros docentes se suman otros más graves, como los actos de corrupción, de abuso de autoridad y hasta acusaciones por delitos sexuales.
En lo que va del año, la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER) -órgano dependiente del Ministerio de Educación- ha recibido 80 acusaciones contra profesores que laboran en colegios de la capital que, haciendo uso de sus cargos, han violado o tocado indebidamente a sus alumnos.
Y, aunque el propio viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Víctor Díaz, prometió ayer sanciones drásticas para los que cometan faltas, la situación es preocupante. En 2005, año de creación de la CADER, se registraron 11,124 denuncias contra educadores y personal administrativo de planteles de Lima. La mayoría fue por corrupción.
Sin embargo, los delitos contra la libertad sexual no fueron pocos. Ese mismo año hubo 147 acusaciones por acoso y violación, las que ocasionaron que 20 trabajadores de la educación fueran expulsados de su trabajo. También se sancionó a 820 empleados del sector por diversas faltas.
SANCIONADOS. La CADER asegura que este año las denuncias han disminuido en comparación con el año pasado: de enero a agosto han ingresado 4,736 reclamos en Lima, de los cuales 2,181 han sido resueltos. De este grupo, 2,071 de las acusaciones fueron por corrupción. Además, de las 80 denuncias recibidas por delitos sexuales, se encontró que cinco profesores fueron responsables de violación sexual y 62, de tocamientos indebidos.
De los 443 trabajadores a quienes se les abrió proceso este año, fueron castigados 103 docentes, 40 directores y 33 administrativos. Las sanciones administrativas que se les imponen a los infractores van desde una llamada de atención y una suspensión temporal sin goce de haber hasta la expulsión. Paralelamente, el denunciante puede iniciar acciones judiciales.
A la fecha, tres trabajadores del sector -dos profesores y un administrativo- han ido a parar al penal de Lurigancho. Fueron descubiertos cobrando coimas a padres de familia y a profesores. Ellos fueron sentenciados por los delitos de corrupción de funcionarios y cohecho pasivo propio, cuya pena mínima es de seis años de cárcel.
OBSTÁCULOS. Pese a los esfuerzos que realiza la CADER por descubrir a los trabajadores que cometen faltas, muchas veces su trabajo se encuentra con obstáculos que dejan impunes las irregularidades.
Por ejemplo, una vez que dicha instancia prueba el delito, envía el caso a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a la que pertenece el infractor, con una recomendación de sanción.
La UGEL nombra una comisión, integrada por dos docentes y por dos empleados administrativos, que será la encargada de imponer la penalidad. Entonces ocurre que algunos educadores se niegan a castigar severamente a sus colegas y solo imponen correctivos leves y, en otros casos, dilatan los procesos por tiempo indefinido.
Fuente: Perú 21
San Martín de Porres, 22 de septiembre de 2006.
Oficina de Prensa y Comunicaciones
